Con arreglo a derecho

Hoy voy a hablaros de una de esas noticas “de página par”;  una noticia menor y con escaso impacto mediático. Se trata sólo de la anulación de una ordenanza de tasas por el servicio de agua de una junta vecinal berciana. Aparentemente. En realidad,   esta sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en un procedimiento iniciado por los vecinos de “Acebo”- por cierto, magistralmente asistidos por el abogado Javier Barrio- es de consecuencias trascendentales y  resulta muy indicativa de la desidia con que los legisladores  autonómicos han atendido  cuestiones importantísimas para el funcionamiento eficiente de unas instituciones –las Juntas Vecinales-  de gran arraigo, pero sobre todo de enorme potencial para la economía de nuestra tierra leonesa.

Desde el año 1.992 la Ley de Régimen Local castellana y leonesa dejó claramente sentada la obligación de que estas entidades funcionaran con servicios de  secretaría  e intervención. Pero esa obligación se remitió en su definición concreta a las determinaciones de un reglamento posterior. Casi veinte años después el reglamento no ha merecido la atención de nuestros políticos autonómicos y no se ha dictado. Por eso la mayoría de las  Juntas Vecinales siguen funcionando a sus anchas -sin secretaría, sin intervención de fondos, sin control jurídico-. Administrando y a veces abandonando  inmensos patrimonios con un gran potencial de desarrollo; gestionando grandes contratos de aprovechamientos eólicos o fotovoltaicos; contratando cotos de caza; cobrando tasas, adjudicando canteras o gestionando instalaciones deportivas o culturales…y haciéndolo sin ajustarse a derecho y a “estilo compadre”. Una buena tela marinera amparada por la desidia legislativa.

 Pues bien,  la sentencia  dice claramente que se acabó; que es nulo el funcionamiento realizado sin asistencia de secretario con suficiente capacitación. Me parece trascendente y espero que remueva los débiles cimientos de nuestro sistema local básico y  que obligue a  dotar a las Juntas Vecinales de los medios necesarios para que funcionen con arreglo a derecho,  con criterios de buen gobierno y de gestión eficiente de los recursos. Eso sería el principio del fin del descontrol jurídico que ha servido siempre de abono y caldo de cultivo del caciquismo, el despilfarro y las corruptelas de todo tipo.